Catalunya y el divorcio juvenil con el 78

Artículo publicado en CTXT el 4 de octubre de 2017.

Lo que comenzó siendo un conflicto territorial se ha convertido, tras la incomprensible gestión del Gobierno de España del 1-O, en un conflicto en el que están en juego las libertades políticas que fundamentan la democracia. La épica conservadora en torno a la unidad de España y el enemigo que busca por todos los medios romper la paz y la convivencia sirve para simplificar el conflicto hasta el punto de que cualquier ciudadano español puede comulgar emocionalmente con esta idea sin mucho esfuerzo. En la sencillez del acto reside su poder aunque, como todo en la vida, no es infalible y por eso Mariano Rajoy ha terminado por cometer errores que le convierten en un presidente amortizado. Tras el 1-O Rajoy ya no puede formar parte de la solución porque ha demostrado que su viejo libro de recetas ya no funciona en este punto de la historia.

El conflicto catalán ha puesto en evidencia una brecha generacional sin precedentes que está presente tanto en Catalunya como en Madrid. La percepción del conflicto varía con la edad porque en buena medida tiene que ver con la valoración de la Transición Española. El hito fundacional del régimen del 78, con la Constitución a la cabeza, ha dejado de ser fuente suficiente de legitimidad para una parte importante de las generaciones nuevas que hoy no pueden permitirse sustanciar la democracia española en un proceso que sucedió hace demasiado tiempo y que hoy se lee plagado de insatisfacciones. Subsumir la legitimidad en la legalidad, tal y como el Gobierno pretende, es una operación que circunstancialmente puede valer entre quienes aún reconocen en la Transición y en la Constitución del 78 herramientas válidas para entender el presente, pero no entre los miles que, aceptando su condición de hechos democráticos fundantes, creen que no sirven para abordar los retos futuros. Nadie niega el carácter democrático de los acuerdos constituyentes, pero hay aspectos dentro de la Constitución que se han quedado por detrás del avance de la sociedad.

NADIE NIEGA EL CARÁCTER DEMOCRÁTICO DE LOS ACUERDOS CONSTITUYENTES, PERO HAY ASPECTOS DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN QUE SE HAN QUEDADO POR DETRÁS DEL AVANCE DE LA SOCIEDAD

El divorcio entre el entramado político y cultural del 78 y las generaciones nuevas viene motivado por diversos factores. El independentismo ha operado simplemente como catalizador de los mismos ofreciendo un relato destituyente que identifica con claridad al adversario y lo más importante, ofreciendo un horizonte de futuro creíble, constituyente, que interpela al cuerpo social en su conjunto.   Una sucesión de decisiones políticamente exitosas que se han encontrado en frente con un Gobierno sin responsabilidad de Estado que no ha dudado en comprometer la credibilidad internacional de España al afianzamiento temporal de su posición hegemónica en ciertas partes del país.  Los factores que explicarían la ruptura entre los jóvenes y el cuerpo cultural y normativo del 78 serían tres:

En primer lugar, la percepción de que Europa ya no es exclusivamente un espacio de participación intergubernamental sino que se configura como un ente supranacional del que emanan normas trascendentales para la vida de las personas de todos los países miembros. Ello ha provocado un vaciamiento de la producción normativa estatal a la vez que un debilitamiento de la identidad nacional en su dimensión diferenciada de la identidad europea. No es que los jóvenes de hoy se sientan menos españoles que los de hace 30 años sino que existen nuevas formas de entender la españolidad que conviven con otras identidades y que se relacionan de manera compleja alterando probablemente el orden jerárquico tradicional por el que los sentimientos nacionales periféricos estaban subordinados al central y Europa era un mero barniz de modernidad. Según una encuesta del Instituto de la Juventud, el 61% de los jóvenes españoles se pueden categorizar como europeístas y todo ello a pesar del rol desempeñado por la UE durante la crisis económica. Son cifras sensiblemente superiores a las de otros países del continente y de las que participan con intensidades similares los jóvenes de Madrid y Catalunya.

En segundo lugar, la obsolescencia de la norma constitucionalEl contexto político, social y cultural de 1978 tiene poco que ver con el actual. No es simplemente una cuestión temporal sino de los enormes cambios que ha experimentado la sociedad española desde su salida de la dictadura hasta la actualidad. Tan peligrosa es para el Estado de Derecho la inseguridad jurídica de un país en el que la norma suprema del ordenamiento jurídico cambia con cada cambio de Gobierno, como aquél en el ésta no evoluciona paralelamente a la sociedad convirtiéndose en un freno para el normal desenvolvimiento de la democracia.

Una norma que es políticamente irreformable es una norma que tendrá muchas dificultades para sobrevivir, tal y como se puede comprobar en la historia constitucional española. La rigidez de la Constitución solo se entiende en el contexto político en el que se redactó, en el que primó la integración de determinadas sensibilidades que se desenganchaban de la dictadura como forma de dotar de irreversibilidad a la vía democrática. Y ello es lo que explica que, conforme al artículo 168, sea necesaria una auténtica gesta que roza la utopía para reformar, entre otras, la “indisoluble unidad de la nación española” del Título Preliminar. Una concepción casi mística y muy poco representativa de la realidad tras varias décadas de ejercicio normalizado del autogobierno y de desarrollo regional y nacional en el marco del Estado Español. En definitiva, sin reforma constitucional no hay posibilidad de diseñar un marco estatal que a medio plazo permita que España y Catalunya sigan caminando juntas. O lo que es lo mismo, sin reconocimiento de los derechos nacionales de los pueblos que conforman el Estado Español no hay convivencia posible.

SIN REFORMA CONSTITUCIONAL NO HAY POSIBILIDAD DE DISEÑAR UN MARCO ESTATAL QUE A MEDIO PLAZO PERMITA QUE ESPAÑA Y CATALUNYA SIGAN CAMINANDO JUNTAS

El último factor que explicaría la brecha generacional que el conflicto catalán ha ensanchado es la percepción de que quienes han conducido la política española hasta el momento son una parte estructural del problema. En la movilización de la juventud catalana se aprecian elementos que estaban presentes en la Puerta del Sol el 15 de mayo de 2011 aunque en este caso con una clara voluntad de construcción nacional. En el desenganche emocional de jóvenes catalanes respecto de España influye una cierta percepción de que el país es irreformable, no solamente desde el punto de vista jurídico-normativo sino desde el punto de vista del comportamiento político de sus élites. Subyace un cierto “hay que echarlos” que sistematiza una asociación clara entre el empobrecimiento y la precarización de los jóvenes y la violencia policial del 1-O; la juventud catalana percibe que es el mismo actor el que perjudica su bienestar y le impide ejercitar sus derechos democráticos con normalidad. Quizás en tiempos diferentes, quizás con orientaciones diferentes, pero la brecha generacional de la indignación estaba presente en Madrid y está presente en Catalunya.

Con todo, hay que reconocer que nadie ha sido capaz de poner sobre la mesa una idea actualizada y de progreso de España que haya incorporado un relato comprensible a ese sentimiento hoy disperso. El concepto de la plurinacionalidad camina en ese sentido, pero no hemos sabido, por el momento, que deje de ser precisamente eso, un concepto, para pasar a ser una idea simplificada que pueda echar raíces en la sociedad. Y ello nos impone un reto importante que va mucho más allá de enviar muestras de solidaridad al movimiento popular catalán y que consiste ya no sólo en ganar España, sino en construirla. Cualquier convivencia futura pasará por un acuerdo en el que no caben imposiciones unilaterales toda vez que se requiere necesariamente del reconocimiento de la otra parte. Por ello es importante que los demócratas españoles y en particular los jóvenes reivindiquemos una idea de país que sustituya los alunizajes en colegios electorales por diálogo.

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