De la crisis de legitimidad al control político ciudadano: la revocatoria del mandato

Artículo publicado el 24-11-2014 “The social science post” (http://thesocialsciencepost.com/?p=837)

La crisis del régimen político nacido en 1978 lleva implícita una crisis de legitimidad de las instituciones y de los agentes que protagonizaron la Transición. El cuestionamiento por gran parte de la ciudadanía del papel desempeñando por el Parlamento, los partidos políticos o los poderes financieros es producto de un conjunto complejo de elementos entre los que destaca la corrupción.

Basta con hacer un somero repaso a los resultados del Barómetro del CIS durante los últimos tres años para comprobar cómo ha ido modificándose la percepción de la población al respecto. Así, en noviembre de 2011 el 5,4% de los encuestados consideraba la corrupción y el fraude como uno de los tres principales problemas del país. Un año después (noviembre de 2012) la cifra ascendió al 9,5% de los encuestados y a un 31,8% al año siguiente. El Barómetro de octubre de 2014 refleja que un 42,3% de consideran la corrupción y el fraude como uno de los tres principales problemas, sólo superado por el paro.

Ante esta situación han surgido voces que hablan de la necesidad de incorporar mecanismos de control sobre las instituciones públicas y los partidos políticos. Abordar esta cuestión es el objeto del presente artículo.

La Constitución Española de 1978 parte de una concepción representativa de la democracia en la que el Parlamento es reflejo del mandato de los ciudadanos expresado en unas elecciones. Conforme a esta idea, tanto el ejercicio cotidiano de la política como su control es competencia de quienes ostentan la condición de representantes. El artículo 66.2 de la Constitución Española da buena cuenta de ello: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno (…)”. Se trata de una concepción que ahonda en los orígenes del parlamentarismo liberal y que se encuentra estrechamente vinculada al principio de división de poderes.

Este modelo de control político delegado se ha demostrado radicalmente ineficaz. La cúpula del partido mayoritario es la que en última instancia puede admitir la iniciativa de control por parte de algún grupo de la minoría. Así sucede con los procedimientos ordinarios de control parlamentario como las preguntas, las interpelaciones o las comisiones de investigación, y con los extraordinarios como la cuestión de confianza y la moción de censura.  Este hecho es para algunos constitucionalistas fruto de principio mayoritario que debe regir todo sistema democrático y de la vocación de estabilidad con la que nació la Constitución. Para otros, en cambio, sólo demuestra la perversión partidocrática de la democracia española y por tanto su baja calidad, así como una cultura política poco compatible con la transparencia y el debate público.

La crisis de régimen se ha agudizado en los últimos meses tras la irrupción de PODEMOS en la escena política estatal. PODEMOS representa a día de hoy una hipótesis de cambio que se mueve en un eje diferente al del resto de partidos y que goza de la simpatía de un amplio segmento poblacional. Entre las propuestas que forman parte del núcleo central del argumentario del nuevo partido está la de garantizar el control ciudadano de los representantes mediante figuras como la revocatoria del mandato.

La oleada democratizadora que cristalizó en el 15-M y en ciclo de movilizaciones posterior incorporó a la agenda política la cuestión del control político en general y de la revocatoria del mandato en particular. La percepción creciente entre la ciudadanía de que el actual régimen ha sido levantado sobre una base estructuralmente corrupta impide la validez de un control político desde arriba. La fórmula plasmada en el artículo 66.2 de la Constitución Española no es a día de hoy una garantía para la democracia sino, en todo caso, una garantía para quienes con sus prácticas han terminado por pervertirla. Por ello, la situación actual demanda la incorporación de elementos que permitan un control político desde abajo, iniciado y desarrollado por la propia ciudadanía que ante una situación de excepcionalidad como la que se vive en España debe intervenir de forma subsidiaria para evitar que la fractura del régimen pueda suponer una fractura social.

La revocatoria del mandato es un procedimiento cuyos orígenes se encuentran en la antigua democracia ateniense a través del llamado “voto de confirmación” al que podían ser sometidos los magistrados. El interés que tradicionalmente a suscitado entre los estudiosos este procedimiento contrasta con su escasa implantación constitucional (García Campos, 2005), la cual ha quedado circunscrita fundamentalmente a los países que durante las últimas dos décadas se ha incorporado a la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano (Viciano Pastor, 2012) y algunos otros como Argentina, Colombia, Perú, Panamá, Rusia o Suiza (Kornblith, 2007), si bien estos últimos con menor alcance. Pero sin duda la concepción moderna de la revocatoria nace en EE.UU. con la Constitución de los Ángeles en 1903, cuando el Movimiento Progresista logró incorporarla a la norma generando un efecto equivalente en otros 36 estados.

Casos recintes como el de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, en la gestión de la crisis del ébola o el de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso “Brugal”, demuestran el funcionamiento errático del actual sistema de control político, en el que dirección del partido del Gobierno custodia la llave que abre la puerta a la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades. Sin embargo, a pesar de que estos dos casos bien podrían ser objeto de una impugnación ciudadana a través de una revocatoria del mandato, lo cierto es que esta figura sería incapaz de dar solución por si sola a la generalidad de los actos que generan responsabilidad política sin provocar una situación de ingobernabilidad.  Siguiendo la propuesta de Bustos Gisbert (2001), la exigencia de responsabilidad a los representantes públicos debiera partir del principio de proporcionalidad, de tal forma que el ordenamiento contemplara mecanismos diferentes para un número determinado de grados de responsabilidad. El más alto de estos grados llevaría aparejada la máxima sanción política (no jurídica) consistente en la remoción del cargo. Es esta perspectiva la que demuestra que quienes somos favorables a la introducción de mecanismos de control político ciudadano defendemos igualmente la eficacia de los mismos en el cumplimiento de su objetivo último, que no es otro que garantizar el desenvolvimiento de una democracia real y no un subproducto  de apariencia democrática y de fondo despótico.

Creo que a lo largo de los próximos meses los diferentes actores políticos se irán posicionando sobre la oportunidad de sumar a la vida política este tipo de mecanismos. PODEMOS ha nacido con una propuesta de cambio radical respecto de la concepción tradicional de responsabilidad y del control político. Su error probablemente haya sido centrarse excesivamente en la figura de la revocatoria del mandato, cuyo encaje en un modelo parlamentario, no siendo imposible, se antoja difícil. Queda pendiente por tanto una reflexión pausada sobre el modelo de democracia que desde la nueva formación se pretende implementar y los mecanismos que garantizarán el buen gobierno. Frente a ello, el conjunto de los actores políticos que han venido desempeñando las tareas de representación se encuentra ante la tesitura de escoger entre dos caminos: aceptar el envite ciudadano y sentarse a repensar sus posiciones al respecto u optar por un cierre hermético a la espera de un giro en los acontecimientos que no es esperado por casi nadie.

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Bibliografía:

Bustos Gisbert, Rafael (2001): La responsabilidad política del Gobierno, ¿realdiad o ficción?. Madrid, Colex.

García Campos, Alan (2005): “La revocación del mandato: Un breve acercamiento teórico”. RIMEL, número 1, México.

Kornblith, Miriam (2007): “Democracia directa y revocatoria del mandato en Venezuela”. International IDEA, Buenos Aires.

Torres Muro, Ignacio (1998): Las comisiones parlamentaria de investigación. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Viciano Pastor, Roberto (2012): Estudios sobre el nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Valencia, Tirant lo Blanch.

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